Resistencia contra la minería en La Rioja

Censura en Chamical
Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales

"Sentís que no estás en democracia, que no podés mostrar una bandera, tu mensaje. Sentimos que nuestros derechos no son respetados, y esto es habitual. Lo que pasó con la gente de Olta es algo habitual, ha pasado numerosas veces."

En la tarde del 21 de agosto, mientras el vicegobernador de la provincia de La Rioja visita la localidad de Chamical para encabezar la celebración cívico-militar del 57 aniversario de la ciudad, tres integrantes de la Asamblea de los Llanos —compuesta por militantes de Chamical y Olta— exponen una tela con la leyenda “No a la megaminería en La Rioja” desde la azotea de una casa. Aproximadamente siete minutos más tarde, un agente policial de civil logra trepar a la terraza del edificio e incauta la pancarta.

Entrevista con Sebastián Pérez Arrieta (23), miembro de la Asamblea de los Llanos.

P: “Tengan cuidado, soy policía”. ¿Esas fueron las palabras pronunciadas por el agente mientras les enseñaba su arma reglamentaria? ¿Durante la mañana algunos miembros de la asamblea tuvieron que soportar el allanamiento de sus viviendas?

R: El policía había subido a la parte frontal del techo de la casa, pero en el momento en que ya se había ido a la parte de atrás, a punto de bajar, es cuando nosotros nos acercamos para decirle: “Devolvenos la bandera, ¿por qué estás haciendo esto?”. El tipo tenía puesto un pulóver; lo que hace es levantárselo y mostrar el arma que tenía metida en el pantalón. En un principio, se había solicitado el permiso a las autoridades de Chamical para participar en el desfile como una organización social. Fue la gente de Olta la que recibió, la mañana del 21, la visita de la policía de Investigaciones. A dos asambleístas les preguntaron, básicamente, cuál era la acción prevista y cuántos iban a venir.

P: A pesar de lo irracional de la respuesta policial, la acción tuvo un impacto significativo que desplazó nuevamente el centro de gravedad de la resistencia contra la minería hacia el noroeste de Argentina (véase Cerro Negro: 9–20 de julio).

R: Afortunadamente, esto tuvo rápida repercusión en los medios locales; con el correr de los días nos ha llamado gente de Córdoba, Buenos Aires... No sé si ha reavivado la lucha, pero sí ha mostrado una realidad que se vive en esta zona: sentís que no estás en democracia, que no podés mostrar una bandera, tu mensaje. Sentimos que nuestros derechos no son respetados, y esto es habitual. Lo que pasó con la gente de Olta es algo habitual, ha pasado numerosas veces. A una de las chicas, la misma que el día de la celebración sufrió una crisis de nervios, la gente de Investigaciones solía visitarla cada vez que el gobernador de la provincia se encontraba en Chamical.

P: La campaña iniciada en los LLanos pone el acento, en primer lugar, en el rechazo a la explotación del uranio en toda esa región del sureste provincial.

R: Hay varios proyectos de empresas multinacionales que, afortunadamente, no han llegado a concretarse. Una empresa llamada Uranios tenía planeado comenzar una explotación en la zona de Malanzán; después tenemos Los Colorados, una explotación antigua de uranio. Esta mina nunca fue remediada: la CNEA ha estado presente en el sitio porque la población denunció que el agua estaba contaminada. Analizaron muestras de agua y las condiciones en las que habían quedado los diques de colas y las pilas de residuos sólidos. Resultó que detectaron “posibles” fuentes de contaminación tanto de las napas como del agua superficial. En las napas la contaminación superaba diez veces la cantidad de uranio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

P: El trasfondo inmediato del conflicto puede encontrarse en la importancia crucial que tuvieron en la Argentina la reactivación de la actividad nuclear en 2006 y el relanzamiento del plan estratégico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 2010: uno de los objetivos clave a conquistar por el organismo es la recuperación de la capacidad de exploración y producción minera con el fin de asegurar las reservas y provisión de uranio nacional para las centrales nucleares actuales y futuras.

R: La reactivación de la explotación de uranio para alimentar las centrales nucleares tiene mucho que ver. El problema es que no va a producir una empresa argentina; se lo lleva una empresa de otro país. Y luego nosotros lo tenemos que comprar para nuestras centrales: ese es otro de los inconvenientes. Fue cuando nos enteramos del resurgimiento de Los Colorados que se empezó a formar la Asamblea de los Llanos. Cuando el Gobierno provincial dio a conocer que había proyectos en la zona, un grupo de vecinos decide formar en cada una de las ciudades un foco de resistencia.

P: La CNEA controla al menos 32 áreas de cateo ubicadas en Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En este marco, en 2006 el entonces gobernador de La Rioja firmó un acuerdo de cooperación con la Comisión para el aprovechamiento de los depósitos uraníferos existentes en la provincia.

R: En ese mismo marco se firma el contrato con la empresa minera Caudillo para trabajar en Los Colorados. Consideramos que para poder retomar una explotación primero tiene que remediarse la anterior. Si uno no realiza la remediación previa no puede reexplotarse. Ese el principal conflicto en relación al uranio.

P: Al mismo tiempo, han hecho hincapié en el hecho de que en Olta se está desarrollando una “particular” situación...

R: En Olta hay una mina a cielo abierto de granito que ha comenzado a explotarse en el mes de agosto. Es algo que ya se viene explotando en Olta; no nos hemos resistido porque no consideramos que tenga el mismo nivel de riesgo y de impacto ambiental que una explotación de uranio. Pero, en este caso particular, se trata de una zona protegida por ley. La Ley 8301 de la provincia de La Rioja establece que la zona de Vallecito está protegida, porque es uno de los pocos ambientes donde puede sobrevivir el oso melero y otras especies autóctonas. Si está protegida por ley, ¿cómo es posible que se autorice una explotación a 100 m de los cursos de agua?

P: En los últimos años, algunas autoridades han empezado a tomar con gran seriedad las exigencias que plantean. Un ejemplo ilustra esto a la perfección: el día 14, el distrito capital se declaró “zona no nuclear”. ¿Han examinado como colectivo hasta qué punto pueden incidir sus acciones en una política de aprovechamiento de los recursos?

R: El acampe del día 2 de enero en Alto Carrizal ha marcado un antes y un después en la lucha contra la megaminería en nuestra provincia y, quizás, en el país mismo (véase Filtración de documentos pone en alerta a las asambleas riojanas). Desde ese momento, muchas fuerzas políticas han comenzado a mirar la lucha con otros ojos. Se puede influir en la política minera, pero tenemos que tener mucho cuidado de que los últimos movimientos que se han sucedido en la provincia no sean una estrategia más del Gobierno. Distintas agrupaciones, gremios, partidos políticos y algunos miembros de las asambleas de Famatina y La Rioja (cdad.) han conformado una especie de cuerpo o movimiento seudopartidario para contrarrestar una serie de políticas que violan los derechos de la población. Consideramos que puede tratarse de una estrategia política: asociarse con los intendentes que, supuestamente, están en contra del gobernador para que las asambleas dejen de ser una oposición imposible de comprar, y con la que no se puede negociar, y se transformen en un movimiento que tenga características partidarias.

Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.