Fuente: plazademayo.com
El gerente que torturaba
Ricardo Alberto Cittadini era un estudiante de Ciencias Económicas que militaba en la Juventud Peronista en la Universidad Nacional de La Plata. El 17 de agosto de 1976 le dijo a su amigo Coco Ricoy que tenía que encontrarse para almorzar con su hermana Malila que estaba de paso con su familia por vacaciones. Cuando llegó a su departamento de la calle Salta no encontró a nadie; su familia lo había estado esperando y pensando que ya no vendría abandonaron el lugar, seguramente sin imaginar que no habría otra oportunidad de encuentro.Mientras Ricardo veía un partido de bochas en la Plaza España, dos oficiales de la Policía Federal se acercaron a él y se lo llevaron. Ricardo Manuel Camino Gallo, quien luego sería un testigo clave de la causa, fue detenido al mismo tiempo. Cuando compartieron el patrullero, Cittadini le entregó una dirección a su compañero para que avisara a sus familiares, en caso de que saliera primero. Camino Gallo fue luego liberado y les dijo que ambos habían estado en la Comisaría 28 de la Capital Federal; sin embargo, cuando los familiares de Ricardo se acercaron a la seccional a preguntar, su entrada no había sido registrada.
El encargado de documentar la entrada, el oficial Nicomedes Mercado, declaró no recordar nada. Ese día también estaban presentes el Inspector Pablo Eduardo Romanow, el Principal Héctor José Banovaz, Miguel Alcidez Viollaz y Esteban Vilella Paz. Según consta en el libro de detenidos de la Comisaría, este último, se hizo cargo de la guardia de las 18 a 24 horas, el mismo horario en el que Ricardo estuvo detenido y comenzó a ser interrogado, según pudo constatar su hermano Eduardo a través del único testigo. “En 1984, Camino Gallo testimonió, vía diplomática desde Holanda, que escuchó que Ricardo fue golpeado y sometido a simulacros de fusilamiento desde aproximadamente las 21:00 del 17/08/76 hasta las 02:00 del 18/08/76. A partir de ese momento no lo escuchó más”, relata el testimonio publicado en el sitio www.desaparecidos.org.
Lo que la historia no consigna, es que uno de los responsables del operativo de detención y desaparición de Cittadini, logró ocultar su pasado con eficacia y tiene entre manos una de las “más completas organizaciones del país”, como socio-gerente de ARGENT-POL SRL.
Esteban Alberto Vilella Paz está a cargo de esta empresa que funciona bajo el nombre de fantasía “Latin Sec” y que trabaja con una exclusiva cartera de clientes, entre los que se encuentran empresas vinculadas al Grupo Clarín y dos institutos dependientes del CONICET. Además, la Asociación Argentina de Seguridad Privada (A.A.S.PRI), una entidad que agrupa a profesionales de seguridad y que enaltece a sus asociados por su compromiso ético con la actividad, lo tiene como su vicepresidente.
Consultado por plazademayo.com, Eduardo Cittadini, hermano de la víctima, afirmó no estar al tanto de la situación profesional de Vilella Paz. Su testimonio ya fue presentado en los Juicios por la Verdad en La Plata y junto a su abogado Pablo Llonto, quien lleva la causa ante el Juzgado Federal N° 3, decidieron pedir la imputación de toda la jerarquía de la Comisaría 28, incluyendo a todos sus integrantes.
Este juicio, que está a la espera de indagatoria, constituye un caso más que demuestra la falta de control sobre los responsables de la seguridad privada.
La legislación vigente a nivel nacional (decreto 1002/99) establece como requisitos del sector privado: “No registrar antecedentes por violación de los derechos humanos obrantes en registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior”, ni “poseer antecedentes desfavorables incompatibles con la actividad”. Lejos de la letra de la ley, la historia de las agencias de seguridad está minada de personajes investigados por delitos de lesa humanidad que se desempeñaron como directores técnicos en estas empresas. Alfredo Donda Tigel, Adolfo Pernías, Jorge “El Tigre” Acosta, Víctor Dinamarca, Rolando Oscar Nerone y Miguel Ángel Rovira -uno de los jefes de operaciones de la Triple A que fue identificado por el propio Rodolfo Walsh como uno de los principales sicarios de la fuerza, y que en 1997 trabajó como jefe de seguridad en Metrovías-, son solo algunos de los nombres que componen una larga lista de incumplimientos.
Otros, con algo más de suerte, nunca fueron enjuiciados por sus actividades como represores, sin embargo, su participación en violentos operativos fue documentada con posterioridad.
El secuestrador que vino desde el sur
Los procedimientos de las Fuerzas Armadas contra el personal militar acusado de conductas subversivas, tuvieron como resultado 119 soldados conscriptos desaparecidos. Ninguno de estos casos fue llevado a juicio, pero gracias a la tarea del ex capitán del Ejército, José Luis D’ Andrea Mohr, algunas de las historias emblemáticas fueron reconstruídas.
El coronel Luis César Perlinger fue detenido por su colega, Ricardo Achenbach en 1976, camino a Zapala. Luego del procedimiento en el que se llevaron a Perlinger, su esposa, Marta llegó a Bariloche esperando poder reunirse con el teniente coronel a cargo de la Escuela Militar de Montaña, que no la recibió.
Ya en Buenos Aires visitó al monseñor Aramburu para pedirle que no mataran a su marido, pero su pedido de ayuda tuvo peores consecuencias. El 30 de marzo Marta estaba en su casa de Bariloche cuando una patrulla militar irrumpió a la madrugada con un violento allanamiento que terminó con la captura de sus dos hijos, Gustavo y Alejandro, y otros dos amigos de los chicos. “Dos policías que había gatillaban a cada rato las armas para asustarnos y cuando se llevaron a los cuatro muchachos, se preguntaron: ‘¿y con estas qué hacemos?, y dejalas’, así que si se les hubiera ocurrido nos mataban también”, relató la esposa de Perlinger. Los procedimientos de ese tipo estaban a la orden del día, y su descenlace era incierto: “ya había pasado que al hijo de un médico muy conocido de Bariloche lo habían tirado al lago”, recuerda Marta.
El allanamiento fue comandado por el teniente Ricardo Beltrán Balestrino. Su nombre también figura entre las planillas de directores técnicos habilitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de la empresa Guardman S.A., agencia que opera sus servicios en la provincia de Buenos Aires, Rosario, Chubut y en el área portuaria jurisdiccional de la Prefectura. Su sitio destaca entre sus atributos la “calidad de los recursos humanos” de los que disponen.
Según Marta:“Fuimos al regimiento que estaba en el kilómetro 11 a preguntar si podíamos saber dónde estaban los hijos y nos atendió el mismo sujeto que había estado como jefe del operativo pero con casco de guerra y nos dijo que tendríamos que averiguar en el pueblo”.
Los cuatro chicos secuestrados por Balestrino estaban encapuchados en la cancha de paleta de la guarnición militar de Bariloche “centro clandestino de detención poco conocido hasta ahora”, según consigna el libro de Mohr “El escuadrón perdido”. Diez días más tarde fueron liberados sin más explicaciones y siete años después, el coronel Luis César Perlinger.
La familia optó por abrazar su suerte y olvidar el oscuro episodio. Marta Perlinger prefirió no saber qué había sido del teniente que atropelló su casa y se llevó a sus hijos. No le extraña, sin embargo, que Ballestrini trabaje en una empresa de seguridad, ya que ese fue el destino de buena parte de los ex Fuerzas Armadas después de la dictadura.
PARA LEER LA NOTA COMPLETA:
http://www.plazademayo.com/2012/07/impunes-la-seguridad-que-persigue-reprime-y-mata/
No hay comentarios:
Publicar un comentario